Reedito Ética empresarial en 2012. El mundo de la traducción.

Este artículo lo publiqué en mayo de 2012. Y la realidad que describo no ha cambiado demasiado.

Por ello he decidido reeditarlo.

Permítanme la indiscreción: soy el gerente de la agencia de traducciones más antigua de Madrid, y en estos 62 años nuestra empresa ha vivido momentos mejores y peores, navegando, como todas, sobre los oleajes que provocan los ciclos económicos.

Lo que nos distingue de otras actividades es una figura peculiar, un profesional altamente cualificado, un artesano de la palabra que precisa de muchos años para formarse. Este es un negocio que no permite atajos. La principal herramienta de un traductor sigue siendo un cerebro moldeado por la experiencia, alertado por los errores cometidos en el pasado y despierto a la búsqueda provocada por un reto inesperado y que proviene de algo tan vivo como el idioma.

Ser traductor consiste en una búsqueda constante. Los traductores exploran territorios nuevos todos los días.

Pero, más allá de todo romanticismo, somos, en definitiva, una empresa. Y por consiguiente, nuestra finalidad última es obtener beneficios; ganar un dinero que nos permita seguir con la actividad que desarrollamos. En definitiva, pagar sueldos y alquileres. Y estamos inmersos en un mercado altamente competitivo, que nos exige un esfuerzo constante por ofrecer calidad al mejor precio.

Ahora bien, ¿cuánto vale el trabajo de un profesional de la traducción?

Cada vez menos.

En estos tiempos de tecnología, innovación e inmediatez, los valores intangibles de la experiencia han perdido fuelle. Nos hemos visto invadidos por virus corporativos muy agresivos que, ajenos a todo lo que no sea su Cuenta de Resultados, tergiversan los usos de una actividad para la que antaño se precisaba constancia, vocación y ciertas dotes de sabiduría. Es penoso ver cómo hemos perdido valores y, con ellos, dignidad. Si antes una minoría podía considerarse traductores, y una generación nueva aprendía con paciencia el oficio de los mayores, hoy casi cualquiera puede traducir. Basta con que rebajen su tarifa a niveles deshonrosos. Se convierten así en esclavos involuntarios de la codicia de unos cuantos empresarios que ni comprenden la esencia de este trabajo ni respetan la extrema dificultad que entraña el ejercicio de este oficio. Para ellos la traducción es un servicio empresarial más, una manera de ganar dinero. La pausa necesaria para volver al texto con una nueva mirada, la búsqueda de un giro idiomático que resuelva una encrucijada, la inmersión en una terminología técnica extremadamente difícil... son todos aspectos ajenos al ansia por obtener beneficios fácil y rápidamente. El traductor es, cada vez más, un personaje anónimo y prescindible, capaz de rellenar páginas de Word. Es un condenado a galeras, que con cada golpe de remo suma una palabra más al procesador de texto. Sabe que si protesta, si se levanta del sitio, alguien ocupará su lugar. La nave no se detiene jamás. Y el remero, oculto en sus entrañas, desconoce su rumbo. Tan solo boga, día tras día. Sin descanso. Por una limosna de pan y una escudilla de agua. Las palabras caen como granos de un reloj de arena, y las tapas de los diccionarios se pudren de salitre, desuso y sudor. No hay tiempo. La palabra, al poco, se convierte en enemigo. Es la alienación máxima. Se rema, se traduce, con los ojos vendados.

Más palabras. Más palabras. Y por menos.

Esta realidad, que puede sonar exagerada, no responde a un momento de crisis en la que debemos ajustar los precios. Durante 62 años hemos pasado por todo tipo de dificultades; pero lo que vivimos es distinto. Insisto en que es un problema de valores, de ética empresarial. Se están dando situaciones de franca explotación, aprovechando la penosa situación que atraviesan muchos profesionales, especialmente los más jóvenes. Se realizan trabajos sin cobrar por ellos, con la burda justificación por parte de la empresa de que se trataba de una prueba. Se organizan cursos de traducción en los que los alumnos realizan trabajos que se facturan al cliente. Se contratan equipos de becarios por seis meses, sin pagarles nada, y exigiéndoles que realicen traducciones que, una vez más, se facturan como trabajos realizados por profesionales. El mercado se ve alterado por estas prácticas innobles, y lo peor es que las agencias serias, al no poder competir, no pueden incorporar traductores jóvenes para así poder formarlos.

La posibilidad de aprender el oficio, de revisar, consultar y corregir, no tiene cabida en esta carrera ciega hacia el abismo en la que estamos inmersos. No se aprende a traducir en una facultad, como no basta leer mil libros para convertirse en médico. La experiencia, palpar un abdomen, emitir un diagnóstico y equivocarse cien veces, aprender de ello, lo es todo.

Esta realidad tan penosa y preocupante a nadie escandaliza. En otras actividades se vivirán situaciones parecidas, se me dirá. Pero hay una faceta en la traducción que pasa desapercibida, y que a todos nos atañe.

Hay organismos públicos, como Direcciones Provinciales de la Seguridad Social, que pagan las traducciones de los expedientes a 0,02 euros la palabra. Es decir, documentos que versan sobre cuestiones fundamentales como jubilaciones, prestaciones por accidentes o pensiones se pagan a un precio imposible. Si la agencia cobra 2 céntimos de euro la palabra ¿cuánto cobra el traductor? ¿1 céntimo? Y este precio se aplica a traducciones inversas al ruso, griego o noruego. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se admite una propuesta económica en una licitación pública a un precio manifiestamente temerario? Estos precios están en algunos casos un 500% por debajo del precio de mercado ¿Por qué no ha prosperado ninguna de las reclamaciones que he interpuesto ante las mesas de contratación? Y lo que es más importante ¿quién está traduciendo estos expedientes a ese precio? No un traductor. Eso seguro.

Pero la realidad es aun peor: la interpretación en sede judicial está en manos de dudosa capacitación, y a unos precios irrisorios. Se han dado casos, documentados por los propios magistrados, en los que los supuestos intérpretes desconocían el idioma objeto de interpretación, o no sabían expresarse en castellano. ¿Qué ha sucedido con las quejas elevadas por miembros de la magistratura ante el Consejo General del Poder Judicial? ¿Por qué no ha trascendido un escándalo tan mayúsculo?

En un Estado de Derecho la salvaguarda de Derechos Fundamentales es un pilar central sobre el que se asienta la existencia misma de la democracia. El derecho a un juicio justo, y con plenas garantías constitucionales, es algo que nos atañe a todos los ciudadanos. Si miramos a otro lado, corremos simplemente el riesgo de ser los siguientes, y nos convertimos en cómplices. El escándalo de una interpretación inadecuada en los procedimientos penales afecta a personas marginales, fundamentalmente a extranjeros indocumentados, y por tanto no es noticia. Un jugador se lesiona el menisco, una famosilla se encama con un torero o un cantante aparece muerto por una sobredosis y la noticia es de dominio público. Pero en España todos los días se celebran juicios en los que el derecho a una defensa digna se ve presuntamente vulnerado, y no pasa nada.

Realmente, algo no funciona. Algo está pasando en el orden de los valores.

Me preocupa especialmente que el periodismo esté sufriendo también los embates de la crisis, y que la salud democrática se vea afectada por intereses empresariales de grandes emporios de comunicación aquejados por un descenso de los ingresos publicitarios. Una prensa con dificultades económicas es vulnerable a la presión política, a que se dirija su línea editorial. Y esto importa realmente porque los ojos de los periodistas son los nuestros. Están donde se produce la noticia por nosotros, para contarnos lo que sucede. ¿Acaso no lo sabemos todo?

Insisto una vez más, es un problema de valores. Estamos permitiendo que el miedo socave nuestra fortaleza moral, nuestra dignidad y los avances en derechos y libertades ganados con tanto esfuerzo durante años. Al albur de la crisis económica, florecen prácticas empresariales insoportables que a todos nos afectan. La pregunta es: ¿seremos los siguientes? ¿No vamos a alzar la voz mientras no nos afecte?

Seré claro: ya nos afecta. Porque el abuso laboral sobre una generación de jóvenes es asunto que a todos nos concierne, porque lo que suceda en un juzgado, sea o no extranjero el acusado, a todos nos atañe en lo más íntimo. Porque necesitamos una prensa libre y un marco legal que nos proteja frente a los abusos provenientes del miedo.

Estamos perdiendo la batalla contra el desaliento. Y les estamos robando a nuestros propios hijos brotes de libertad que tardaron muchos años en arraigar. Es un problema de perspectiva. Creo que deberíamos detenernos un momento, dejar de remar.

Y preguntarnos adónde vamos.

Porque yo, al menos, no lo tengo nada claro.

Antonio Carrillo.